Desaparición del Fideicomiso para la Protección de defensores y Periodistas un agravio a los derechos humanos

Benny Cruz Zapata

La desaparición del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que viene en el paquete de los Fideicomisos desaparecidos es un agravio para los derechos humanos; expone Olivia Lemus, Presidenta de la CODHET:

“Es un grave retroceso, es evidente que jamás han escuchado el sentir de una víctima ni la necesidad de requerir un apoyo; por ejemplo, en el tema de derechos humanos, batallamos con el tema de la reparación del daño porque no hay presupuesto, con la cancelación del fideicomiso se da el golpe final; ya que si había un fondo para víctimas, para la comisión de búsquedas, ahora ya sin fideicomisos se caen todos los avances que se han tenido”.

En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas se ha sumado al pronunciamiento nacional que se ha hecho al respecto:

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) han tomado nota con preocupación de la aprobación el día de hoy por parte de la Cámara de Diputados de la eliminación del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.

Las mencionadas instituciones recuerdan que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas. De acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)1 , México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak.

Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos.

Esta situación y su impacto para el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión han sido objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional. Así, Mexico ha recibido al menos 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.

En el documento se menciona la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México.

En este sentido, el actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país.

Sobre esta base, FMOPDH, CNDH y ONU-DH llaman a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características.

FMOPDH, CNDH y ONU-DH recuerdan que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos.

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Olivia Lemus